Colombia
Liberan a ingeniero secuestrado por el ELN en el Catatumbo tras más de 90 días de cautiverio
En un hecho que ha generado alivio en la región del Catatumbo y en todo el país, este jueves 10 de julio fue liberado el ingeniero civil Luis Hernando Peña, quien había sido secuestrado el pasado 8 de abril mientras se movilizaba por una zona rural del departamento del Cesar.
Tras más de tres meses en cautiverio, el profesional fue entregado en un punto del municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde recibió atención médica inmediata.
Aunque los detalles de su liberación no han sido completamente revelados, las autoridades locales señalaron que el secuestro habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados ilegales más activos en esta zona del país. Peña, de 69 años, es ampliamente conocido en la región por sus negocios en el sector ganadero, especialmente por promover la ganadería tecnificada en el Catatumbo.
El secretario de Gobierno de Ocaña, Freddy Arengas, confirmó la liberación y celebró el regreso del ingeniero a la libertad. «Recibimos con beneplácito el regreso a la libertad de Lucho. Abogamos por todas las personas que hoy están en cautiverio y pedimos a los actores armados ilegales que cesen este delito en nuestra región», declaró Arengas en entrevista con Caracol Radio. También destacó que Peña ya se encuentra junto a su familia y está siendo atendido por personal médico, especialmente por la preocupación que existía por su salud, ya que necesita tratamiento constante para la epilepsia.
El secuestro: un trayecto interrumpido por la violencia
Luis Hernando Peña fue secuestrado mientras se desplazaba en su vehículo desde una finca de su propiedad ubicada en el municipio de Pailitas (Cesar) hacia su residencia en Ocaña. En el camino fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a detenerse y se lo llevaron con rumbo desconocido.
El carro en el que se movilizaba fue encontrado horas después del hecho, abandonado y con otro hombre que lo acompañaba amarrado de pies y manos, pero con vida.
Desde ese momento, su familia y diversas organizaciones sociales iniciaron una campaña por su liberación, mientras el Gaula Militar y de la Policía desplegaban operativos en la zona para tratar de dar con su paradero. Sin embargo, pasaron más de 90 días sin tener noticias sobre su situación.
«Lamentamos esta situación. No está bien coartar la libertad de una persona; es un derecho. Se requiere un compromiso mayor de las autoridades para que estas cosas no sucedan», había afirmado en su momento monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña, quien también se sumó a los llamados de liberación humanitaria.
La preocupación por su salud y la presión de la comunidad
Una de las mayores inquietudes durante el tiempo de cautiverio fue el delicado estado de salud del ingeniero, quien sufre de epilepsia y necesita medicación regular. Su familia advirtió públicamente en diversas ocasiones que su vida podía estar en riesgo si no recibía tratamiento adecuado. Esa presión fue uno de los factores que motivaron a líderes sociales, religiosos y comunitarios a insistir con fuerza en su pronta liberación.
A la llegada de Peña a la libertad, varios sectores de la región expresaron su alivio y reiteraron el llamado a los grupos armados para que se respeten los derechos humanos de la población civil. Su caso se convierte en uno de los más emblemáticos de los últimos meses en una región donde el secuestro sigue siendo una preocupación latente.
Una región golpeada por el secuestro
La situación de seguridad en el noreste de Colombia, especialmente en zonas como Catatumbo y Arauca, ha mostrado cifras alarmantes en 2025. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Defensa, entre enero y mayo de este año se han registrado 101 casos de secuestro, que han dejado un total de 165 víctimas.
Este número representa un incremento del 49% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Más preocupante aún es el aumento del secuestro extorsivo, que ha tenido una variación del 98%, convirtiéndose en uno de los delitos de mayor impacto social.
Uno de los casos más recientes fue el de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del CTI de la Fiscalía que fueron secuestrados por el ELN el pasado 8 de mayo en la vereda La Esmeralda, zona rural de Arauquita, Arauca.
Tras casi dos meses sin información, el Frente de Guerra Oriental del ELN publicó esta semana un video como prueba de supervivencia, en el que los funcionarios reprochan al Gobierno y a la Fiscalía la falta de gestiones para su liberación.
Un llamado urgente al fin del secuestro
La liberación de Luis Hernando Peña ha renovado las voces que exigen el fin de los secuestros como método de presión política o financiera en Colombia. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como líderes comunitarios y religiosos, han reiterado que el secuestro es una violación grave de los derechos fundamentales y una práctica que no puede tener cabida en un país que aspira a la paz.
El caso de Peña también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reacción del Estado, especialmente en las regiones donde hay presencia de grupos armados ilegales. La lucha contra el secuestro no solo requiere presencia militar, sino también acción social, desarrollo económico, justicia efectiva y garantías de seguridad para quienes viven en las zonas más afectadas por la violencia.
Mientras el ingeniero Luis Hernando Peña se reencuentra con su familia y comienza un proceso de recuperación, su historia se convierte en un testimonio más de la urgencia de poner fin al secuestro en Colombia. Una práctica que, en pleno 2025, sigue arrebatando la libertad, la tranquilidad y la dignidad de cientos de colombianos.