Político
Influencers en política: Gustavo Bolívar revela pagos millonarios y uso de contratistas públicos
El precandidato presidencial del Pacto Histórico encendió la polémica con sus declaraciones sobre el uso de influencers en campañas políticas y la presunta participación de contratistas del Estado.
La carrera presidencial en Colombia aún no ha comenzado oficialmente, pero ya se libra una dura batalla en las redes sociales. En las últimas horas, el exsenador, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y precandidato presidencial Gustavo Bolívar, lanzó graves acusaciones sobre el presunto uso de recursos públicos para pagar a influencers que lo atacan políticamente.
Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Bolívar aseguró que algunos de los influenciadores digitales que hoy lo critican abiertamente fueron, en el pasado, sus aliados comunicacionales y son actualmente contratistas del Estado, lo que, de confirmarse, podría significar una violación a las normas sobre contratación pública y participación política.
Influencers: ¿nuevos actores clave en la política colombiana?
En medio del auge de las plataformas digitales y la creciente influencia de creadores de contenido en la opinión pública, los influencers se han convertido en un arma clave en las campañas electorales. Pero ¿hasta qué punto es legítimo su uso dentro de la política?
Gustavo Bolívar sostiene que existe un ecosistema de pagos ocultos a creadores de contenido para que favorezcan o ataquen a ciertos candidatos, y se mostró preocupado por la falta de regulación frente a esta práctica.
«En Colombia no hay influencer que trabaje en política por menos de 10 o 15 millones de pesos mensuales», afirmó.
¿Recursos públicos para atacar a precandidatos?
El elemento más grave de las declaraciones del exfuncionario tiene que ver con la posible utilización de recursos públicos para financiar campañas encubiertas en redes sociales. Según Bolívar, algunos influencers que lo atacan estarían contratados por entidades del Gobierno, como RTVC (Sistema de Medios Públicos).
Aunque reconoció que técnicamente estos influencers son contratistas y no funcionarios públicos, y por tanto podrían prestar servicios a campañas privadas, cuestionó la ética de que estén utilizando plataformas de comunicación financiadas con dinero público para desinformar o dañar la reputación de otros precandidatos.
«Les pedí que si van a trabajar con un candidato, lo digan. Que hablen bien de ese candidato, pero no que hablen mal de los demás», señaló visiblemente afectado Bolívar.
Influencers en la mira: ¿publicidad encubierta?
El precandidato propuso una medida concreta para transparentar esta situación: que todo contenido publicado por influencers que tenga fines políticos sea etiquetado como “publicidad política pagada”, utilizando el hashtag #PPP.
“Esto es un tema de ética. Los influencers deben decir que les están pagando por hablar bien de un candidato o mal de otro”, enfatizó.
La propuesta cobra sentido en un contexto donde la frontera entre opinión personal y contenido patrocinado se vuelve cada vez más borrosa en redes sociales.
Mauricio Lizcano también habló: “Sí los uso, pero no les pago”
Las declaraciones de Bolívar se suman a las del también precandidato presidencial y exministro TIC, Mauricio Lizcano, quien reconoció que su campaña utiliza influencers, pero aclaró que no se les paga por su apoyo.
Lizcano defendió su estrategia asegurando que se trata de ciudadanos que comparten su visión de país y que, voluntariamente, lo apoyan en redes. Sin embargo, expertos señalan que incluso esta modalidad puede convertirse en una zona gris si no se deja claro al público que existe una colaboración activa entre las partes.
¿Hipocresía política?
Críticos de Gustavo Bolívar no tardaron en recordarle que él mismo utilizó influencers para promover su gestión cuando fue director del Departamento de Prosperidad Social, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El exsenador ha sido un usuario activo de redes sociales y ha construido parte de su capital político precisamente en plataformas como Twitter, YouTube e Instagram, por lo que algunos ven sus denuncias actuales como una contradicción o una muestra de doble moral.
Denuncias que podrían llegar a los entes de control
El analista político Pedro Vivero calificó como extremadamente graves las denuncias de Bolívar, particularmente aquellas que implican el uso de recursos estatales para favorecer o perjudicar a precandidatos.
“Esto debería ser investigado por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Si se confirma que hay contratistas públicos haciendo campaña activa, podríamos estar ante una violación directa a la ley de garantías y a la equidad electoral”, afirmó.
Además, recalcó que este tipo de prácticas, de ser ciertas, representan un riesgo para la transparencia democrática y podrían configurar delitos como peculado por apropiación o participación indebida en política.
¿Y ahora qué? Urge una regulación clara
Las redes sociales han transformado la forma de hacer política, pero la regulación electoral no ha evolucionado al mismo ritmo. Mientras los candidatos deben reportar cada afiche, cuña radial o anuncio digital, el contenido publicado por influencers muchas veces pasa desapercibido o no es registrado como parte de la campaña.
La propuesta de Bolívar de etiquetar estos contenidos con el hashtag #PPP podría abrir la puerta a una discusión más amplia sobre la necesidad de nuevas reglas en el juego político digital.
¿Se viene una “influencercracia”?
Este debate apenas comienza. Lo que está claro es que los influencers llegaron para quedarse en la política colombiana, y con ellos, los dilemas sobre transparencia, ética, financiación y manipulación de la opinión pública.
La denuncia de Gustavo Bolívar reaviva una discusión urgente sobre los límites entre libertad de expresión y propaganda disfrazada, y deja en evidencia que la campaña presidencial de 2026 no solo se jugará en plazas públicas o debates televisivos, sino también en los algoritmos de TikTok, YouTube e Instagram.