Político
Caso Pasaportes: testimonio clave pone contra las cuerdas a Alfredo Saade
El llamado caso pasaportes sigue sacudiendo al Gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora tiene en la mira a uno de sus hombres más cercanos: Alfredo Saade.
El hoy embajador de Colombia en Brasil y antiguo jefe de Despacho de la Presidencia enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría que podría tener consecuencias graves, luego de que saliera a la luz un testimonio que compromete directamente sus actuaciones en el polémico contrato de los pasaportes.
La investigación, adelantada por el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, ya cuenta con declaraciones de alto nivel que resultan determinantes.
Una de ellas proviene de Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales, quien actuó como ministro encargado de Relaciones Exteriores durante una comisión internacional que cumplía la entonces canciller Laura Sarabia.
Un encuentro con el presidente Petro
En su testimonio, Jaramillo reveló que en junio de 2025 sostuvo una reunión en el despacho presidencial con Gustavo Petro, en la que también estuvieron presentes Alfredo Saade recién posesionado como jefe de Gabinete, el viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, y el viceministro del Interior, Jaime Berdugo.
Durante ese encuentro, el presidente preguntó por el estado del proceso de expedición de pasaportes. Según relató Jaramillo, él mismo explicó la necesidad de una transición ordenada que implicara una prórroga temporal con la firma Thomas Greg, empresa que históricamente ha manejado el contrato.
Petro, sin embargo, pidió que se organizara una segunda reunión con el resto del equipo para definir el tema con mayor claridad.
La reunión que lo cambió todo
Ese mismo día, en la Casa de Nariño, se produjo un segundo encuentro, esta vez liderado por Alfredo Saade. Asistieron el secretario jurídico de la Cancillería, Camilo Escobar; la secretaria general, Lucy Acevedo; los viceministros de Hacienda e Interior, y la directora jurídica del Ministerio del Interior.
En esta reunión, Jaramillo como funcionario de mayor rango de la Cancillería insistió en que era indispensable garantizar una transición entre Thomas Greg y el convenio firmado con la Casa de la Moneda de Portugal, que buscaba que la Imprenta Nacional asumiera el proceso de expedición de pasaportes.
No obstante, según el testimonio, Saade presionó para que el acuerdo con Portugal se firmara de inmediato, pese a que no existía garantía de que la Imprenta Nacional tuviera la capacidad de producir el volumen requerido. Ante la negativa de Jaramillo, Saade respondió que se trataba de una “orden del presidente”.
Riesgo de colapso en la expedición de pasaportes
El viceministro advirtió que un cambio precipitado podría generar un colapso en las citas y afectar gravemente a miles de ciudadanos que diariamente solicitan este documento.
Saade, de acuerdo con la declaración, sugirió entonces “racionalizar” la entrega de citas para que la Imprenta pudiera cumplir con la demanda, una opción que terminó convertida en queja disciplinaria en su contra.
La preocupación creció cuando Saade insinuó que la Cancillería estaba “demasiado interesada” en mantener el contrato con Thomas Greg, insinuando un sesgo dentro de las negociaciones.
Ante esa acusación, Jaramillo respondió que no podía hacer suposiciones sobre un proceso contractual en curso.
La Procuraduría actúa
Con base en estas declaraciones, la Procuraduría decidió suspender provisionalmente a Saade de su cargo como jefe de Despacho por tres meses.
Sin embargo, su repentina designación como embajador en Brasil dejó en el aire la aplicación de la medida y alimentó la polémica sobre si su traslado diplomático fue una forma de sacarlo del foco de la investigación.
El documento revelado en primicia por la revista SEMANA se ha convertido en la columna vertebral de la indagación disciplinaria contra Saade.
El ente de control deberá determinar si realmente se excedió en sus funciones al presionar por un contrato sin garantías técnicas ni jurídicas.
Contexto del escándalo
El caso pasaportes ha sido uno de los más controversiales del actual gobierno. Desde el inicio de la administración Petro, se buscó modificar el contrato con Thomas Greg y trasladar la producción de los documentos a la Imprenta Nacional mediante un convenio con Portugal.
Sin embargo, el proceso ha estado marcado por denuncias de improvisación, presiones internas y riesgo de desabastecimiento de pasaportes en todo el país.
El tema no solo es administrativo, sino político. La firma Thomas Greg lleva años manejando la expedición de pasaportes en Colombia, y su salida implica mover un negocio multimillonario.
Por eso, cada decisión en torno a este contrato ha despertado sospechas y acusaciones de intereses ocultos.
El futuro de Saade
La situación de Alfredo Saade es delicada. Su condición de embajador en Brasil no lo exime del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría, y el testimonio de un alto funcionario como el viceministro Jaramillo tiene un peso considerable en la investigación.
De comprobarse que actuó bajo presiones indebidas o sin competencia para tomar decisiones, Saade podría enfrentar sanciones disciplinarias que afectarían no solo su carrera diplomática, sino también su cercanía con el presidente Petro.
Implicaciones para el Gobierno Petro
El escándalo golpea nuevamente la imagen del Gobierno en materia de transparencia y gestión contractual.
Aunque el presidente Petro ha insistido en que se busca acabar con monopolios y modernizar los procesos del Estado, los tropiezos en la implementación, sumados a los testimonios de funcionarios que denuncian presiones, alimentan la narrativa de improvisación.
El caso pasaportes se convierte así en un símbolo del choque entre la intención de cambio del Gobierno y la realidad de las estructuras estatales que requieren planeación, capacidad técnica y consensos.
El testimonio del viceministro Mauricio Jaramillo deja en una posición comprometida a Alfredo Saade y añade un nuevo capítulo a la ya extensa novela del caso pasaportes.
La Procuraduría deberá establecer si hubo extralimitación de funciones y si, como aseguró Saade, la presión por acelerar el convenio con Portugal respondía realmente a una orden presidencial.
Mientras tanto, miles de colombianos siguen a la expectativa de que este proceso no termine afectando la expedición oportuna de pasaportes, un servicio esencial que no debería convertirse en campo de batalla política.