Antioquia
Ayuda humanitaria llega a más de 2.000 víctimas del confinamiento en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
Aunque los combates han cesado en algunos sectores, el miedo persiste por los campos minados y las extorsiones de grupos armados ilegales.
Una tensa calma reina en varios corregimientos rurales del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, zonas que han sido escenario de recientes enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales. Aunque en la actualidad no se reportan combates activos, más de 2.000 personas siguen confinadas, atemorizadas por la presencia de minas antipersona, amenazas de actores armados y cobros extorsivos conocidos como “vacunas”.
Frente a esta situación humanitaria, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas anunció el despliegue de 22 toneladas de ayuda humanitaria, destinadas a mitigar el impacto del desplazamiento forzado y el confinamiento en comunidades campesinas y afrocolombianas de los municipios de Zaragoza, Segovia y Valdivia.
Confinamiento invisible: el temor que persiste tras los combates
Los habitantes de veredas como Campo Alegre, Villa Severa, La Rebatiña, Bocas del Río y
Santa Isabel de Amará relatan que, pese al cese temporal de hostilidades, el miedo a caminar libremente por sus tierras sigue presente. La amenaza de minas antipersona sembradas por los grupos armados ilegales es constante, así como la intimidación de estructuras criminales que exigen el pago de extorsiones para permitir el paso por las rutas de acceso o para realizar labores agrícolas y mineras.
“Dan mucho miedo esos enfrentamientos porque somos campesinos, agricultores y barequeros. No podíamos salir al pueblo ni trabajar en los cultivos por las minas”, relató Luis Aníbal, habitante de la vereda Campo Alegre, que fue una de las más afectadas por la violencia entre abril y mayo de este año.
Tres grupos ilegales y una población atrapada
La situación se agrava por la disputa territorial entre el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN, que se enfrentan por el control de las rentas ilegales de minería, narcotráfico y extorsiones. Según fuentes comunitarias y autoridades locales, los tres grupos tienen presencia en zonas rurales del nordeste y Bajo Cauca, y cada uno impone su propio sistema de cobro extorsivo (“vacuna”) a las comunidades.
Incluso se ha denunciado que el ELN incrementó recientemente el valor de la “cuota”
impuesta a campesinos y comerciantes, lo que ha llevado al cierre de negocios, el desplazamiento de familias y el empobrecimiento generalizado.
“Estamos atrapados entre varios fuegos. Si no pagamos, no nos dejan pasar; si salimos, nos acusan de colaborar con uno u otro grupo. La gente tiene miedo de todo”, expresó un líder comunitario de una vereda del municipio de Zaragoza que pidió reserva de su nombre por seguridad.
La respuesta humanitaria: 499 kits entregados
Para hacer frente a esta crisis, la Unidad para las Víctimas entregó 499 kits de alimentos y elementos de aseo a igual número de familias en situación de confinamiento o desplazamiento. Los suministros, que suman más de 22 toneladas, fueron transportados por tierra y río, aprovechando embarcaciones para llegar a las comunidades ribereñas más
apartadas.
La directora territorial de la Unidad en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo, explicó que esta operación se ha realizado en coordinación con las alcaldías de Segovia, Zaragoza y Valdivia, quienes han facilitado los censos y la logística local. “Estamos llegando a estos territorios alejados y golpeados por el conflicto armado para atender a la población civil que sigue siendo víctima de la disputa entre grupos armados”, indicó Vallejo.
Las comunidades beneficiadas
Las ayudas humanitarias han llegado a veredas como:
- Zaragoza: Campo Alegre, Villa Severa, Villa Amará, Bagre Medio, Bocas de la Zorra, La Rebatiña y Bocas de Río.
- Valdivia: La Llana y Raudal.
- Segovia: Santa Isabel de Amará.
Estas comunidades, integradas mayoritariamente por campesinos, población afrocolombiana y barequeros, han sido históricamente afectadas por el conflicto armado y ahora enfrentan una nueva ola de violencia derivada de la reconfiguración del crimen organizado en el nororiente antioqueño.
Minas, desplazamientos y restricciones a la movilidad
Uno de los factores más alarmantes que persiste en la zona es la presencia de artefactos explosivos improvisados, colocados por los grupos armados ilegales como forma de control territorial. Según testimonios locales, ya se han registrado muertes y heridos civiles por explosivos, además de la pérdida de animales de carga y cosechas enteras debido a la
imposibilidad de recogerlas.
Esta amenaza ha convertido caminos, cultivos y zonas ribereñas en áreas prohibidas,
restringiendo la libre circulación de personas, mercancías y servicios médicos. La situación humanitaria, aunque menos visible, sigue siendo crítica.
Llamado urgente a intervención estatal integral
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido que la respuesta institucional vaya más allá de la entrega de ayudas. Exigen la intervención urgente del
Gobierno Nacional y entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y
la Unidad de Desminado Humanitario.
También reclaman la presencia constante de la Fuerza Pública, en especial del Ejército, para recuperar el control en zonas rurales donde el Estado sigue siendo débil o inexistente. “La ayuda es necesaria, pero si no desactivan las minas y no hay garantías de seguridad, la gente volverá a irse”, indicó un líder comunitario del municipio de Segovia.
El desafío de garantizar la paz en territorios periféricos
La situación en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño es el reflejo de una violencia persistente que no siempre se traduce en balaceras, pero sí en confinamiento, miedo y pobreza.
Aunque las balas hayan cesado temporalmente, las minas, las amenazas y las extorsiones siguen ahí, forzando a miles de personas a vivir en una paz condicionada y frágil.
El envío de ayudas humanitarias es un paso importante, pero la solución definitiva requiere una presencia estatal integral y sostenida, con enfoque territorial, justicia transicional y oportunidades para el desarrollo económico legal.
